Las claves del informe de la Comisión de Expertos sobre Transición Energética

Por abarrios

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha recibido hoy, de manos del presidente de la Comisión de Expertos sobre Transición Energética, Jorge Sanz, el informe «Análisis y propuestas para la descarbonización». Este documento, que ha sido elaborado por la susodicha Comisión a instancias del Consejo de Ministros, le presenta al Gobierno una serie de propuestas para que la evolución del sistema energético español sea “coherente con los objetivos europeos en materia de energía y clima, teniendo en cuenta los criterios de eficiencia y sostenibilidad”.

La Comisión celebró su primera sesión el 6 de septiembre de 2017. Desde entonces se ha reunido una vez cada semana (la propia Comisión señala en su informe que ha celebrado un total de 27 reuniones). El documento fruto de todo ese trabajo -explican sus autores- propone y analiza “diversas opciones para la evolución del sistema energético español, teniendo en cuenta un análisis coste-beneficio que tiene en especial consideración los principios de sostenibilidad económica y financiera del sistema energético”. El Informe fue aprobado por la Comisión, en su vigésima séptima reunión, el 19 de marzo de 2018. Lo fue por 11 votos a favor y tres abstenciones: las de Jorge Aragón Medina (experto integrante de la Comisión a propuesta de Comisiones Obreras), Cristóbal José Gallego Castillo (a propuesta de Podemos) y Josep Salas i Prat (a propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya).

El documento, de más de 500 páginas, analiza “las posibles propuestas de política energética, el impacto medioambiental, las alternativas existentes y su correspondiente coste económico, y la estrategia necesaria para cumplir los objetivos [de España en materia de energía y clima] de la forma más eficiente, garantizando la competitividad de la economía, el crecimiento económico, la creación de empleo y la sostenibilidad ambiental”. La Comisión de Expertos está formada por catorce miembros: cuatro de ellos han sido designados por el Gobierno; uno, por cada grupo parlamentario (hay siete grupos parlamentarios); y tres, por ciertos agentes sociales, en concreto, los sindicatos mayoritarios -UGT y Comisiones Obreras- y la patronal, CEOE.

La composición del grupo fue en su momento objeto de numerosas críticas. El PSOE dijo de la Comisión que “no es un grupo de expertos independientes, sino un grupo de representantes de agentes sociales y políticos”, mientras que ciertos agentes sociales -asociaciones de consumidores y organizaciones ecologistas- lamentaban su exclusión de la Comisión. También fueron, han sido y son muy sonoras las protestas que ha elevado el movimiento feminista, que ha afeado al Gobierno, a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales seleccionados (la Confederación Española de Organizaciones Empresariales -CEOE- y los sindicatos) que no hayan elegido ni una sola mujer a la hora de formar esa Comisión.

La Comisión de Expertos, en todo caso, ha quedado integrada del siguiente modo: Luis Atienza (ex presidente de Red Eléctrica de España, seleccionado por el PSOE), Cristóbal Gallego (miembro del Observatorio Crítico de la Energía, elegido por Podemos), Pedro Linares (investigador de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, próximo a Ciudadanos), Josep Sala y Prat (empresario del sector renovable, elegido por Esquerra Republicana de Catalunya); Txetxu Sáenz de Ormijana (director de Estudios y Planificación del Ente Vasco de la Energía, vinculado al Partido Nacionalista Vasco), el expresidente de Carbunión Óscar Lapastora (vinculado a Foro Asturias) y Diego Rodríguez (Partido Popular).

Los cuatro integrantes de la Comisión que ha elegido el Gobierno han sido Jorge Sanz, Francisco Javier Arana, que ha sido subdirector General de Energía Nuclear con Mariano Rajoy; Ignacio Grangel, exjefe de gabinete de Alberto Nadal cuando este era secretario de Estado de Energía; y el director de operaciones de Red Eléctrica de España, Miguel Duvison. Cierran el grupo el economista Jorge Aragón Medina, director de Investigaciones de la Fundación 1º de Mayo y miembro del Consejo Económico y Social (Comisiones Obreras); José Luis de la Fuente O’Connor, responsable de Vigilancia Estratégica e Inteligencia Tecnológica de Iberdrola (integrante de la Comisión a instancias de UGT); y Guillermo Ulacia (CEOE).

Según el comunicado que ha difundido hoy el Ministerio de Energía, el informe recoge alternativas que combinan diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) con el fin de lograr “una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono”. El Ministerio señala que el documento debe servir de base “para una discusión objetiva” sobre los efectos de las distintas alternativas de política energética. El informe de la Comisión de Expertos -explican fuentes ministeriales- será presentado para una ponencia en el Congreso de los Diputados, así como al Grupo de Trabajo Interministerial que trabaja en la elaboración de la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático.

Claves
El Informe señala la fiscalidad como una de las herramientas clave para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por el Reino de España con la Unión Europea en materia de cambio climático. En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales. El objetivo último de esa medida es atender el discurso del Acuerdo de París, acuerdo ratificado por España, y cuyo fin no es otro -explican los autores- que mantener el aumento de la temperatura global “muy por debajo de 2ºC respecto de los niveles existentes antes de la revolución industrial, realizando esfuerzos para limitarlo a 1,5ºC”.

Para ello, los países que han ratificado el Acuerdo -y España lo ha hecho, cabe insistir- se comprometen a fijar un objetivo concreto en materia de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En el contexto de estos acuerdos -continúan los expertos-, la Unión Europea se ha propuesto reducir los niveles de emisiones en 2050 en un 80-95% respecto de los existentes en 1990, tal como recoge en el documento “Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050”. Pues bien, esos son grosso modo los objetivos que persigue la Comisión de Expertos, comisión cuya creación fue acordada en el Consejo de Ministros del pasado 7 de julio.

Con este escenario, las simulaciones realizadas por la Comisión apuntarían a un “abaratamiento significativo de la electricidad (casi el 7% para el consumidor doméstico) y a un encarecimiento del gas y de los derivados del petróleo; especialmente, del gasóleo (28,6%)”. La gasolina subiría menos de un 2%. Estas modificaciones de precios -explica el Informe- son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual.

El informe incluye tres restricciones en la implantación de esta medida: (1) evitar la deslocalización de la industria sometida a competencia internacional y los efectos negativos sobre otros colectivos sensibles, como agricultores y profesionales del transporte; (2) evitar la pérdida de recaudación de las Administraciones Públicas; y (3) no incrementar la presión fiscal.

En este capítulo fiscal, propone también sacar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables (eléctricas y biocombustibles) y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). Y que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, en los casos de la electricidad y del gas, e infraestructuras viarias, en el caso de la gasolina y el gasóleo A).

En ausencia de una fiscalidad distorsionadora, dice la Comisión, España se convertiría en un exportador neto de electricidad a Francia “ya que la mayor penetración de renovables en nuestro país, permite un diferencial de precios eléctricos estructural a favor de España”, explica Sanz, presidente de la Comisión de Expertos.

Mix energético e inversiones
Los 11 firmantes, que no le ven hueco al carbón, vaticinan sin embargo que el gas natural está llamado a desempeñar un papel importante en 2030, pero que su importancia se reducirá en 2050, año en el que la generación eléctrica girará exclusivamente en torno a instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas y el almacenamiento.

Por otro lado sostienen que cerrar las centrales nucleares españolas supondría un incremento de las emisiones de CO2 del sector eléctrico de hasta 15 millones de toneladas de CO2, incrementaría el precio del mercado eléctrico en torno a un 20% (entre 2.000 y 3.000 M€ al año); y obligaría a acometer inversiones en potencia firme adicional.

El Informe contempla la puesta en marcha de mecanismos de capacidad destinados a garantizar a las centrales eléctricas la recuperación de sus costes fijos y la posibilidad de hibernar centrales de generación “que, pudiendo ser hoy redundantes, podrían ser necesarias en pocos años, cuando se recupere la demanda de electricidad”.

“Mantener hibernadas estas centrales -explica el presidente de la Comisión- puede ser una opción menos costosa para el consumidor que construir centrales nuevas dentro de unos años”.

En lo que se refiere al autoconsumo, la terminología del informe -alambicada- recuerda sobremanera los mantras del Ministerio
“Esta Comisión considera que es necesario el desarrollo de una regulación específica de la generación distribuida (…). Debería procederse a un diseño más eficiente de los peajes y cargos de acceso de forma que garanticen un tratamiento tecnológicamente neutral que evite las transferencias de rentas
entre consumidores en el que se incorporen las soluciones más beneficiosas para el conjunto del sistema”.

Según su análisis, el actual diseño de peajes incentiva ineficientemente el autoconsumo eléctrico. Ello se debe a que una parte importante de los costes fijos del sistema eléctrico se recuperan a través del peaje variable de la electricidad. En consecuencia, los autoconsumidores dejan de contribuir a la financiación de dichos costes fijos, que habrán de ser soportados por los consumidores que no pueden instalar paneles en sus tejados. “Ello supone una subvención implícita al autoconsumo que puede dar lugar a transferencias de renta regresivas, debido a la diferente capacidad adquisitiva entre los consumidores que pueden instalar paneles en sus tejados y los que no pueden, y a inversiones ineficientes, ya que la generación solar fotovoltaica es más eficiente hoy que la distribuida, gracias a las economías de escala”, apunta Sanz.

“Esta Comisión propone tres categorías a las que se les exigirían requisitos incrementales en función del volumen de dicho impacto. Así, las instalaciones con menos impacto requerirían la mera inscripción en el registro administrativo mientras que aquellas de mayor impacto deberían asimilarse a verdaderas instalaciones de generación convencionales”.

La Comisión apunta también a una revisión de los peajes de acceso “para evitar que la electricidad siga siendo artificialmente cara respecto de otros vectores energéticos alternativos (gas natural y derivados del petróleo) y sea posible avanzar hacia la electrificación de la economía y con ella, hacia una mayor penetración de las energías renovables más eficientes”, detalla Sanz.

Cumplimiento de objetivo de renovables, solo si se sigue electrificando el consumo
Con respecto a las emisiones, los expertos destacan el alto grado de cumplimiento de los límites de emisiones referenciados a 2005. También el elevado grado de cumplimiento del objetivo de eficiencia energética en todos los escenarios. Sin embargo, respecto al objetivo de renovables, su cumplimiento dependerá del grado de electrificación de la economía que se alcance.

“Por ello, es fundamental abordar de forma urgente la reforma de la fiscalidad ambiental en el sector energético y la reforma de los peajes de acceso, de manera que los agentes económicos respondan a las señales de precio correctas que permitan la electrificación de la economía”, explica Sanz.

De no alcanzarse el suficiente grado de electrificación, será preciso impulsar medidas de eficiencia energética adicionales (por ejemplo, en aislamiento térmico de edificios) e incluso potenciar las renovables no eléctricas (solar térmica o biocarburantes) a pesar de que son más caras que las renovables eléctricas.

Otras medidas: movilidad, eficiencia energética y protección consumidores vulnerables
La Comisión realiza reflexiones y sugerencias en otros ámbitos de actuación como por ejemplo la movilidad y apunta a cómo la política regulatoria debe orientarse a facilitar una transición eficiente hacia los vehículos con energías alternativas, sin precipitarse en medidas de gasto público que puedan generar costes no recuperables y prestando especial atención al cambio en la fiscalidad, como instrumento imprescindible para facilitar la transición hacia la movilidad sostenible.

Asimismo, para alcanzar en 2050 un alto nivel de descarbonización será necesaria la reconversión energética del parque de edificios existente, así como políticas públicas de apoyo al ahorro energético en la industria, como la inversión, exenciones fiscales o mediante empresas de servicios energéticos, centradas en medidas como la provisión de infraestructuras, el marco logístico y el refuerzo de la cadena de innovación nacional.

El Informe recomienda igualmente considerar la extensión de la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares, a través de un Bono Social Energético, pero financiado desde los Presupuestos Generales del Estado. También ve conveniente garantizar la protección efectiva frente al corte de suministro de todos los consumidores energéticos vulnerables (y no sólo a los severos), siempre que se haga de forma que se prevengan comportamientos oportunistas, con la colaboración de todas las Administraciones Públicas competentes.

Finalmente, la Comisión propone contar con un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático, encargado de hacer una evaluación rigurosa, independiente y continuada de la transición en España.

Fuente: https://www.energias-renovables.com/panorama/las-claves-del-informe-de-la-comision-20180402